Basquetplus.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que promete sacudir de raíz el modelo actual del deporte universitario. La medida, que redefine los contratos NIL (Name, Image and Likeness), prohíbe los pagos “pay-for-play” de terceros a atletas, busca mantener a los jugadores como amateurs y apunta a frenar el caos del portal de transferencias, donde en los últimos años se ha generado un mercado multimillonario que, en disciplinas como el básquet y el fútbol americano, supera los 35 millones de dólares anuales por plantel, financiados principalmente por donantes privados. Desde la Casa Blanca se la presenta como “el rescate de la NCAA”, mientras que abogados y dirigentes anticipan una ola de demandas federales para frenar su implementación.

El básquet universitario es uno de los focos centrales de este conflicto. En 2025, los equipos más poderosos convirtieron el portal de transferencias en una subasta sin precedentes, con contratos millonarios para jugadores que, hace apenas unos años, competían bajo un concepto amateur. La orden ejecutiva no prohíbe que los atletas ganen dinero mediante acuerdos de patrocinio o uso de imagen, pero sí intenta limitar la inyección de fondos directos que, según el gobierno, pone en riesgo la sostenibilidad de deportes no rentables como natación, atletismo o softball, y genera un desbalance competitivo imposible de sostener.

El contexto del básquet NCAA ya venía convulsionado. Apenas semanas atrás, un fallo judicial histórico autorizó a las universidades a pagar sueldos directamente a los atletas, con un tope inicial de 20,5 millones de dólares por institución para la temporada 2025/26, cifra que irá aumentando durante la próxima década. Además, la NCAA deberá desembolsar 2.800 millones de dólares en compensaciones a jugadores que compitieron desde 2016, tras perder tres demandas por limitaciones económicas ilegales. Lo que parecía un cambio progresivo en favor de los deportistas, ahora queda bajo amenaza de revisión con la firma de Trump.

La medida se da, además, en un momento de tensión global para el sistema universitario estadounidense. La FIBA, organismo que regula el básquet mundial, endureció sus normas para evitar la fuga masiva de jóvenes talentos al básquet colegial, exigiendo que, a partir de 2025, los jugadores menores de 23 años cuenten con una Carta de Autorización para poder fichar en la NCAA, similar a los traspasos internacionales entre clubes. Esta regulación busca compensar a las estructuras que forman jugadores en Europa y Latinoamérica, pero también podría limitar la llegada de figuras extranjeras a un circuito que ya atraviesa un terremoto interno.

Aunque la orden de Trump intenta centralizar normas y resolver el caos generado por 30 legislaciones estatales distintas sobre NIL, la presión de los grandes inversores que ya tienen salvadas a jóvenes estrellas no darán marcha atrás fácilmente. AJ Dybantsa, estrella que se proyecta al Top del próximo draft NBA, ya tiene acordados 7 millones de dólares para su año de debut con la universidad de BYU, un dineral que nadie se querrá perder.