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La llegada de James Nnaji a la Universidad de Baylor expuso como pocas veces la mutación acelerada del básquet universitario estadounidense. El pivote nigeriano de 21 años, formado en el Barcelona, con experiencia profesional en Europa, drafteado en la NBA en 2023 y con derechos traspasados entre franquicias, fue habilitado por la NCAA para competir con cuatro años de elegibilidad. Un caso que hasta hace poco habría sido impensado y que hoy se apoya en un vacío legal: Nnaji nunca firmó contrato NBA, pese a haber sido profesional fuera de Estados Unidos.

El movimiento encendió alarmas en todo el ecosistema del básquet norteamericano. No solo porque Baylor incorporó a mitad de temporada a un jugador de 2,13 metros con recorrido en Euroliga, ACB y Summer League, sino porque sienta un precedente peligroso para el delicado equilibrio de reglas de elegibilidad. “Esto es una locura, se perdió totalmente el control”, reaccionó Dan Hurley, campeón universitario con UConn, reflejando un malestar que atraviesa a entrenadores, dirigentes y analistas.

Detrás de este nuevo escenario aparece la gran palanca del cambio: los derechos NIL (Name, Image and Likeness). Desde 2021, los deportistas universitarios pueden monetizar su imagen mediante patrocinios y acuerdos comerciales, lo que en la práctica derivó en un sistema salarial encubierto. Las cifras ya alcanzan las seis y siete cifras para jugadores de impacto, impulsadas por boosters y colectivos privados, mientras el transfer portal convirtió a la NCAA en un verdadero mercado de pases sin restricciones reales.

La habilitación de Nnaji no es un caso aislado. En los últimos meses, la NCAA también dio luz verde a jugadores con pasado en la G League Ignite y a deportistas drafteados que nunca debutaron en la NBA. Incluso en el básquet femenino ya se registró una situación similar con Nastja Claessen, seleccionada en el draft de la WNBA y luego incorporada al circuito universitario. La línea que separaba formación de profesionalismo se volvió cada vez más difusa.

Con acuerdos judiciales millonarios, universidades que se preparan para repartir hasta 20 millones de dólares anuales entre sus atletas y planteles construidos casi exclusivamente vía transfer portal, la pregunta dejó de ser retórica. La NCAA ya no funciona como un sistema amateur tradicional, sino como una liga profesional enmascarada, con reglas inestables y desigualdad creciente entre programas. El caso Nnaji no es una excepción: es una señal clara de hacia dónde se dirige el básquet universitario.